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febrero 23, 2010

Cinismo político y grandeza ciudadana

Javier Sicilia / Proceso
MÉXICO, D.F., 23 de febrero.- Es 12 de febrero. El canal televisivo Milenio muestra una imagen de la visita que, después de sus desacertadas declaraciones en Tokio, Calderón hizo a Ciudad Juárez para pedir perdón a los padres de familia de los muchachos asesinados y hablar de un replanteamiento de su política de guerra contra el narcotráfico. Afuera del Centro de Convenciones, donde se realiza la reunión, una multitud ciudadana, contenida a golpes de tolete, grita indignada. Gómez Mont, por órdenes del presidente, sale del Centro de Convenciones para hablar con ella. Entre los gritos de “¡Asesino, asesino!”, el secretario de Gobernación, siguiendo el viejo adagio priista de que la política  “es el arte de tragar mierda sin hacer gestos”, permanece impávido. Habla con uno, con otro. Pero la multitud continúa coreando el mismo grito que concentra su indignación.
Desesperado, rodeado, al igual que los narcos, de “guaruras”, Gómez Mont se dirige a su camioneta. Repentinamente, una voz femenina – continuación de la de una madre de dos hijos asesinados que, dentro del Centro de Convenciones, acercándose al presidente, le espetó que no le estrechaba la mano ni le daba la bienvenida–, grita: “¡Si no puedes, renuncia!”. En ese momento, el secretario –como un signo ominoso y contradictorio de las campañas gubernamentales contra la obesidad– pierde, por fin, la compostura y se vuelve en busca de aquella voz. Si la palabra “asesino” no lo toca –Gómez Mont no conoce los pecados de omisión–, la exigencia de su renuncia, que quizá le recuerde que un día antes, por motivos oscuros, renunció a su militancia panista, lo descompone. La mierda, con la que en su carrera política se ha alimentado, comienza a provocarle agruras. Impotente, volviéndose hacia la portezuela de su camioneta, exclama: “¡Qué diálogo es este?”, y se va.
Gómez Mont, hijo de una clase que ha hecho de la vida política un negocio y una forma legal de la impunidad, olvidaba dos cosas: 1) que el grito de aquella mujer era y continúa siendo un recordatorio de lo que unos años atrás, cuando Calderón metía al país en esta guerra absurda, había dicho el señor Martí, cuyo hijo asesinado preludiaba lo que ahora, para nuestra desgracia, se ha multiplicado de manera exponencial; 2) que aquella gente no se había reunido en las afueras del Centro de Convenciones a dialogar, sino a exigir lo que una ciudadanía está obligada a exigir a sus gobernantes cuando la traicionan.
El gesto de Gómez Mont –que el canal Milenio capturó–, su azorada indignación ante los reclamos de una ciudadanía humillada, concentra el cinismo de nuestra clase política. Mientras ésta se enmascara bajo spots triunfalistas y se molesta porque nadie habla bien de México; mientras hace acuerdos para mantener el poder –alianzas innaturales y negociaciones a espaldas de la ciudadanía–; mientras, en nombre de esas abstracciones llamadas Estado y Mercado, somete a la clase trabajadora a impuestos absurdos y exenta de ellos a los grandes consorcios y a la Bolsa –México es el único país que no ha tasado con impuestos el dinero improductivo de la especulación–; mientras crea una guerra contra el narcotráfico y deja intocado el dinero que lava; mientras encarcela y trata como delincuentes a luchadores sociales, y cierra los ojos frente a los criminales de cuello blanco y las atrocidades de gobernantes indignos –como el pederasta Marín o el asesino Ulises Ruiz–; mientras corrompe al Ejército en una guerra que día con día, a pesar del triunfalismo presidencial, se pierde, la ciudadanía debe ver a sus hijos asesinados, debe vivir con miedo, debe hacer cola en busca de empleos mal remunerados, debe trabajar –como en la era del capitalismo salvaje– para la simple reproducción, debe levantarse cada día con el espectáculo atroz de cuerpos mutilados.
Durante tres años, los ciudadanos hemos tenido que soportar eso, y para advertirnos que  continuará, Gómez Mont se indigna ante la exigencia de que renuncie, y el presidente insiste en que reforzará la violencia. Sus abstracciones: la guerra como método para construir un mundo mejor, sus esperanzas en las “bondades” del mercado y el poder, valen más que los muchachos asesinados y que el llanto sin consuelo de unos padres que jamás verán crecer a sus hijos porque Gómez Mont, Calderón, el Ejército, los partidos y los representantes de las Cámaras han decidido que sus abstracciones y sus luchas por el poder son más importantes que los hombres, las mujeres y los niños de este país.
Por menos que eso, en países que saben lo que la democracia significa, las renuncias no habrían dejado de sucederse. Por desgracia, el cinismo es el método de la política mexicana y, paradójicamente, del crimen: quienes creen en el poder, cualquiera que sea su justificación, construyen y autorizan el terror. Pero habrá siempre una ciudadanía –como la que se reunió en Ciudad Juárez– que se opondrá a la imbecilidad de esos cínicos enfundados en trajes de marca y, dándoles la espalda, gritándoles que hace tiempo dejaron de representarnos, construirá lentamente el proyecto y el lenguaje político que nos arrancaron.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

El modelo está agotado

José Blanco  /  La Jornada
Acaso no existe una frase más repetida en la última década en América Latina, aplicada al régimen político, o a la economía o al sistema educativo. Que reconozcamos y digamos en voz alta, críticamente y en todos los tonos, que ello es así, no está nada mal. Las preocupaciones se vuelven profundas cuando preguntamos ¿y qué estamos haciendo para salir de tales atolladeros?
América Latina ha buscado verse como una unidad (hablamos el mismo idioma, tenemos una historia colonial común, tanto cuando la metrópoli era España y Portugal, como cuando cambiamos de amos y se nos impuso el nuevo imperio a principios del siglo XX); lo cierto hoy es que hay pocas cosas concretas que nos igualen y que la famosa unidad latinoamericana es una abstracción. En la esfera política: ¿qué tiene que ver Chávez con Piñera, Lula con Uribe, Calderón con Evo, Ortega con Alan García?: y todos son expresión política de sus sociedades.
No obstante podemos hallar espacios en el que somos iguales: la educación superior, por ejemplo. De ella podemos decir, para variar: el modelo está agotado. Y sí, encontraremos diferencias múltiples también, pero en el tema esencial, la formación de cuadros con saberes y competencias pertinentes para el desarrollo, en el mundo que viene y en el que ya vivimos, es decir, en su modelo educativo, somos lo mismo: continuamos organizados en el arcaico modelo napoleónico que instrumentamos desde que creamos las instituciones de educación superior en los siglos XIX y XX. Un modelo de pretensión enciclopédica, referido en la jerga de la investigación educativa como licenciaturas tubo: los estudiantes entran por un extremo y salen –muchos menos que los que entraron– por el otro extremo, sin haberse enterado que había en su derredor durante el trayecto de esta formación obsoleta.
Sólo para unos cuantos cientos de estudiantes podemos encontrar en el subcontinente algunos puntos donde ya se exploran alternativas, análogas al sentido de la búsqueda de innovaciones educativas que hallamos en Europa, con diferentes resultados según países, en el marco del Proceso de Bolonia. En América Latina es hasta ahora una experiencia microscópica a la luz de estos números: en 2009 la población escolar de educación superior latinoamericana superaba los 18 millones de estudiantes. Emprender la transformación de los modelos educativos resulta titánico, pero nada ocurrirá si no iniciamos el largo camino que tenemos por delante.
Agreguemos que, si con esos números la tarea de transformación resulta descomunal, consideremos que mientras en América Latina 32 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 24 años están en las aulas (26 por ciento en México), en Asia la cifra supera 50 por ciento y en los países nórdicos 80 por ciento. ¿Cuándo los gobiernos se harán cargo de esas realidades?
Leo algunos de los conceptos que La Jornada recogió el pasado viernes 19 en el Taller de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la conferencia impartida por Salvador Malo: El sistema educativo del país, desde el jardín de niños hasta el posgrado, está agotado. Es un modelo obsoleto resultado del centralismo, autoritarismo y paternalismo.
Malo, director de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que la Alianza para la Calidad de la Educación de la SEP sólo busca mejorar los sistemas existentes, siendo que éstos se hallan obsoletos. Estamos perdiendo miserablemente el tiempo en remendar lo que está, hace mucho tiempo, caduco.
Lo que requerimos, en voz de Malo, es transformar el modelo pedagógico de las universidades, y crear además centros de capacitación y aprendizaje fuera del sistema escolarizado formal e impulsar un sistema de competencias laborales.
El diagnóstico es directo y claro: las principales causas de la poca capacidad de innovación que tenemos, el escaso desarrollo tecnológico, la baja producción científica y el bajo desempeño educativo en México, se deben al centralismo, autoritarismo y paternalismo que seguimos manejando en el sistema educativo, y a un enfoque educativo obsoleto que seguimos usando.
La educación superior mantiene características absurdas: por ejemplo una estructura que limita la movilidad estudiantil e inhibe, cuando no impide, la preparación interdisciplinaria propia de las universidades, lo que desalienta la generación de nuevas profesiones e investigadores en nuevas artes y conocimientos.
Las universidades han estado dedicadas a impartir conocimientos en lugar de producir aprendizajes efectivos, pertinentes y verificables, es decir vinculados directamente con los problemas nacionales y regionales, mediante la adquisición por los estudiantes de competencias en las que estén simultáneamente involucrados, además de los contenidos disciplinares (los saberes y las destrezas), el pensamiento complejo y las nuevas tecnologías. Dejar fuera de la agenda nacional estas realidades cruciales tiene un nombre: subdesarrollo.
No es nada fácil que los profesores lleven a cambio esta transformación que implica la inversión de la relación entre el profesor y los estudiantes, lo que los haría egresados innovadores que por sí solos den seguimiento a un avance del conocimiento que lleva hoy aceleración meteórica: según la ONU hacia el final del siglo pasado el conocimiento se duplicaba cada cinco años, después de 2020, lo hará cada 60 días.
Se trata de un cambio cultural de largo aliento. Pero existen hoy los medios, las experiencias, los modelos y técnicas a través de los cuales los profesores innoven su propia práctica docente.

PIB: un "catarrito" sin precedente

La Jornada
De acuerdo con información dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el curso del año pasado el producto interno bruto del país (PIB) se contrajo 6.5 por ciento. Lo que esa cifra indica es que la crisis en curso ha sido la más grave desde que se tiene registro del PIB, pues superó incluso a la causada por el llamado error de diciembre en 1994, cuya responsabilidad se atribuye a los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, y que se tradujo en un decrecimiento económico de 6.2 por ciento.
En retrospectiva, resultan exasperantes la imprevisión y la arrogancia con las que el gobierno calderonista y su entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, desdeñaron en su momento la catástrofe que se cernía sobre México y que fue puntualmente advertida por diversos sectores políticos, sociales y académicos.
La coloquial respuesta del hoy titular del Banco de México a tales advertencias fue que, a diferencia de lo que había ocurrido en crisis anteriores, los quebrantos financieros que ya se vivían en Estados Unidos no habrían de traducirse, en nuestro país, en una pulmonía, sino a lo sumo, en un catarrito.
Las cifras pueden resultar poco relevantes e inapreciables para los máximos responsables de adoptar decisiones en materia económica. Pero, en la cotidianeidad de millones de mexicanos, esa caída de 6.5 por ciento se ha traducido en desempleo, en una merma generalizada de los de por sí deprimidos niveles de vida y bienestar, en esperanzas fallidas, en desintegración social y familiar, y en hambre. Sin embargo, el gobierno mantuvo una actitud triunfalista e insensible incluso cuando la recesión ya se manifestaba en toda su crudeza e impactaba en todos los rubros del quehacer económico.
Hasta la fecha, el discurso oficial se empecina en afirmar que la crisis tuvo orígenes exclusivamente exógenos y, de esa forma, eludir toda responsabilidad por el drama social subsecuente. La realidad, sin embargo, es distinta: mientras en otros países las autoridades económicas se apresuraban a adoptar medidas contracíclicas para atenuar las peores implicaciones del desarreglo financiero mundial, el Ejecutivo federal, en el nuestro, operaba al revés: eliminaba los pocos mecanismos de protección a la economía familiar, abandonaba a su suerte a las pequeñas y medianas empresas, elevaba tarifas en proporciones injustificables e incrementaba impuestos de una manera que no podía sino alentar la caída del país en el pozo de la recesión.
El resultado de esa cadena de irresponsabilidades está ahora a la vista: por una parte, el gobierno calderonista ha logrado inscribir un récord negativo en la historia económica nacional y, en lo social, han aumentado en proporciones intolerables pobreza extrema, marginación, desempleo y desamparo. Todavía falta ver las consecuencias políticas de la ineptitud oficial en el manejo de la crisis, la cual, a pesar del inveterado optimismo que aún impera en las esferas de la administración pública, sigue provocando indeseables efectos en cadena: contracción del mercado interno, incremento del desempleo, pérdida de condiciones laborales, el paso de millones al sector informal y, a fin de cuentas, mayores cuotas de descontento, marginalidad, desaliento, cinismo social y criminalidad.
El factor que permite explicar la concatenación de errores en el manejo de la crisis es el acatamiento a rajatabla de una doctrina económica –el neoliberalismo– que evidenció, con la recesión mundial del año pasado, su agotamiento, inoperancia e inmoralidad intrínseca. A la luz de esta contracción trágica de la economía nacional, hoy más que nunca resulta imperativo demandar al gobierno federal que emprenda un viraje en el manejo de las finanzas públicas, que deje de orientarlas al beneficio de los grandes capitales y las ponga al servicio del bienestar de la mayoría de la población.

Se desploma el PIB 6.5%

La contracción fue la mayor en 76 años; la economía retrocedió a la magnitud de 2006
Se desploma el PIB 6.5%
El decrecimiento superó al de 1995, cuando fue de 6.2 por ciento
El sector industrial fue el más afectado, con un desplome de 7.3 por ciento; servicios bajó 6.6 y el agro mejoró 1.8: Inegi
Foto
Juan Antonio Zúñiga
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010, p. 20
La producción nacional de bienes y servicios tuvo una contracción anual de 6.5 por ciento durante 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con esto la dimensión de la economía mexicana retrocedió a una magnitud similar a la que tuvo en 2006.
De acuerdo con las cifras históricas del organismo, ésta es la mayor caída del producto interno bruto (PIB) en 76 años, después del desplome de la economía ocurrido en 1933. El decrecimiento económico del año pasado superó al de 1995, el cual fue de 6.2 por ciento.
Por grandes grupos de actividad, el sector industrial fue el más afectado en 2009, con un desplome anual de su producción de 7.3 por ciento; el valor generado por los servicios decreció 6.6 por ciento, mientras el reportado por el sector agropecuario se elevó 1.8 por ciento sobre el nivel observado en 2008, indicó el organismo.
Con la contracción del PIB en 2009, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía mexicana en el primer trienio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue negativa en 0.56 por ciento, en contraste con lo observado en periodos similares de los dos sexenios anteriores.
En los tres primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León la tasa de crecimiento anual de la economía mexicana fue de 2.2 por ciento; mientras entre 2001 y 2003, bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el PIB se expandió 0.13 por ciento en promedio anual. Así, la actividad económica del país, medida a través del producto interno bruto, tuvo un crecimiento de 1.2 por ciento en promedio durante cada uno de los nueve años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional.
El Inegi indicó que en el cuarto trimestre del año pasado el producto interno bruto reportó un descenso anual de 2.3 por ciento. Con esto la economía mexicana lleva ya cinco trimestres consecutivos en contracción. La recesión comenzó precisamente en el cuarto trimestre de 2008, cuando el PIB registró una caída anual de 1.1 por ciento, y ha sido la más larga de los últimos 14 años. La de 1995 transcurrió con resultados negativos durante cuatro trimestres consecutivos, periodo igual a la de 2001.
PIB y empleo
En 2009 el impacto de la caída del PIB sobre el empleo y la desocupación pareció menor al registrado en la crisis de 1995.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, entre el primero y el cuarto trimestres del año pasado un millón 619 mil 699 personas encontraron ocupación tanto en el sector formal como en el informal de la economía mexicana, cantidad no vista en periodos semejantes desde 2001, en que se cuenta con registros de esta encuesta.
La población desocupada se elevó en 217 mil 936 personas en el mismo periodo y el universo de individuos ocupados en actividades informales tuvo un incremento de 507 mil 449, según la ENOE. Por su parte, el Seguro Social indicó que en diciembre de 2009 había descendido en 33 mil 422 el número de trabajadores inscritos en este organismo respecto de los existentes en marzo de ese mismo año.
En el punto más grave de la recesión, en mayo de 2009, el número de trabajadores inscritos en el IMSS fue de 13 millones 868 mil 132. Pero en noviembre se había ampliado a 14 millones 192 mil 197 personas, lo cual implicó que en esos seis meses se crearon 324 mil 65 empleos en el sector formal y privado de la economía mexicana.
Al respecto, el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila manifestó que en ningún país del mundo, México incluido, se cae la economía y aumenta el empleo formal. Pero todos los empleos formales que se pierden hacen que la gente vaya a la informalidad o, en algunos casos, a empleos temporales.
Explicó: No es posible que una economía caiga 6.5 por ciento y aumente el empleo formal en 2009. De hecho, las cifras oficiales reflejan, a pesar de sus imprecisiones, que el empleo formal cayó para cientos de miles de trabajadores. Cuando cae el empleo formal, por definición una parte se va al empleo informal. Una de las válvulas de escape de México ha sido precisamente, en los últimos años, generar trabajos informales, reconoció.

¿Después que el PRD entregó las nachas a Calderón, seguirán los AMLOs, Encinas y Padiernas adentro?

Pedro Echeverría V.

1. El PRD no tiene vuelta ya en su viaje sin regreso y nadie podrá detenerlo. Los "Chuchos" o "Nueva Izquierda" determinaron su camino para integrarse totalmente a la política oficial sin ningún prejuicio. Han decidido reconocer abiertamente a Calderón y dar la batalla con las mismas armas y los mismos métodos del PRI y del PAN. Seguirán compitiendo con un discurso de seudoizquierda pero su práctica política será idéntica a la de los partidos burgueses. Con esa estrategia sin principios ni ética es probable que logren más presencia entre los legisladores, pero serán un partido más dándole la espalda a los trabajadores. Están repitiendo la historia de la socialdemocracia en el mundo: la alternancia en el gobierno, la reelección en los cargos públicos y carreras políticas de 50 años, siendo lo más grave ayudar a mantener a la mayoría de la población en la pobreza y opresión. 

2. El presidente de facto, Felipe Calderón, con reiterados reproches a la clase política porque prevalecen el encono y las descalificaciones en el país, llamó a lograr acuerdos medulares para transitar del conflicto y la amenaza de parálisis a la cooperación y el consenso. Rodeado de políticos del PRI, el PAN y el PRD que se congregaron en la celebración del 93 aniversario de la Constitución, aseguró que éste debe ser el año de la reconciliación nacional, y secundó una propuesta hecha por gobernadores priístas y perredistas para firmar otro pacto social. Que se hagan a un lado los intereses partidistas para privilegiar la unidad. Expuso que si eso no fuera posible, la vida de la nación se debilitará, la política se empobrecerá y quedará convertida en opciones que están lejos de la dimensión de la dignidad de los ciudadanos.

3. López Obrador, por su parte señaló: "Hay que entender por qué se llegó a esta situación tan lamentable; existe violencia porque en 27 años de política económica neoliberal no ha habido empleo y se ha hecho a un lado a los jóvenes, porque no tienen posibilidad de empleo ni de estudio. Lo que está pasando es fruto podrido de la política económica, antipopular y entreguista; es la política del pillaje, del saqueo, que está beneficiando a unos cuantos y destruyendo el país. Sobre las alianzas dijo: "Creo que debemos retomar lo que somos, y lo más importante son los principios y los ideales. Me parece que todo tiene fronteras, y la política debe ser el equilibrio entre principios y eficacia, pero hay límites. Se tienen que mantener los principios. No se trata de llegar a toda costa dejando trozos de dignidad. No soy cacique, no soy dueño de PRD, PT o Convergencia. Simplemente, no estoy de acuerdo y no quiero juzgarlos. No creo que convenga la alianza".

4. En tanto Calderón –desesperado porque el país se le cae a pedazos por miseria y desempleo- habla de un pacto social, de reconciliación nacional, de hacer a un lado los intereses partidista privilegiando la unidad, casi pidiendo "borrón y cuenta mueva nueva", y el PRI, PRD y demás partidos parecen estar de acuerdo en firmar tal pacto, López Obrador – con toda razón- denuncia que fueron las políticas neoliberales que se impusieron en 1982, las políticas antipopulares, entreguistas, de saqueo, las que están destruyendo a la nación. Se pregunta: ¿cómo acudir a políticas de alianzas con el PAN y el PRI – que son los principales culpables de que el país se esté desplomando- sin poner como base los ideales, los principios la honestidad y la decencia? Dice AMLO que no puede prohibirles y denuncia los hechos, pero la pregunta sería: ¿Hasta cuando permanecerá en el PRD?

5. Al parecer el presidente ilegítimo, Calderón, obtuvo un nuevo triunfo político al presidir (con la banda presidencial) la ceremonia del aniversario 93 de la Constitución Política este 5 de febrero y poner en la mesa de honor  y como oradores a dos altos líderes de PRD; al gobernador del Estado de Michoacán (Godoy) y al presidente de la cámara de senadores (Navarrete). Entiendo a los políticos de sistema, a los que carecen de principios éticos, los que están siempre puestos a escalar, que jamás quieren pelearse con nadie porque no saben cuando tendrán la "necesidad" de aliarse nuevamente. Se pueden criticar entre sí en problemas secundarios e intrascendentes; usan incluso palabras para armar frases espectaculares mediáticas para llamar la atención, pero nunca se confrontarán en asuntos de fondo que vayan a la raíz de los problemas. El PRD ha entregado todo.

6. Batista, gobernante de Cuba al servicio directo de los yanquis, fue derrocado por una revolución del pueblo; el gobierno venezolano se derrumbó por la fuerza electoral de Hugo Chávez que durante casi ocho años irrumpió; lo mismo puede decirse del triunfo electoral de Evo Morales contando con todo el apoyo de los indios y campesinos bolivianos. Sin embargo el caso mexicano parece distinto: el gobierno de Calderón no se vendrá abajo por las luchas, las protestas y los movimientos de masas del pueblo, sino por su incapacidad para gobernar, por estar llevando al país a la bancarrota y no encontrar salidas adecuadas. Se han reunido ya millones de firmas pidiendo la renuncia de Calderón y el descontento de muchos sectores de la población es manifiesto, pero no hay grandes movimientos de masas que se lo exijan y la clase política lo respalda en la práctica.

7. En la década de los sesenta los partidarios de la vía armada, como lo fueron Castro y Guevara en Cuba, partiendo de sus experiencias pensaban que bastaba con la existencia de condiciones objetivas, materiales (pobreza, miseria, desempleo, desesperación y hambre) para que estallara una revolución del pueblo y que las condiciones subjetivas (conciencia y organización de los campesinos y trabajadores) se formarían en la lucha contra el enemigo, con la ayuda de "el foco" y la guerrilla. Veinte años después –mientras la represión gubernamental se ensañaba contra las luchas armadas del campo y la ciudad, las luchas electorales se fortalecieron con la intervención y apoyo económico del Estado, así como de los medios de información. La formación de la conciencia y de  equipos de trabajo por parte de los explotados y oprimidos ha pasado a primer plano para contrarrestar el dispendio del Estado.

8.  Con millones de firmas puede realizarse una gran campaña, pero Calderón no caerá, mucho menos renunciará, sin un poderoso movimiento de masas, sobre todo si como "gobierno constitucional" cuenta con el apoyo de la clase política. El PRI y el PRD podrán criticar muchos aspectos de sus programas políticos y económicos, pero siempre estarán prestos a apoyarlo para que termine su sexenio, aunque esté destruyendo de manera acelerada al país. La demanda de  "revocación de mandato" es importante, pero impracticable mientras la clase política domine. Por eso, viendo el comportamiento cada vez más claudicante del PRD me pregunto: ¿Hasta cuándo los lopezobradoristas, encinistas y bejaranistas continuarán esperanzados en que podrán cambiar la línea del PRD cuando se ve claramente que no tiene retorno? Mientras tanto Calderón sigue destruyendo el país.

pedroe@...

febrero 22, 2010

Empresario del PRI, favorecido con un contrato por 7 mil MDP

Autor: Érika Ramírez
Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario priista que figura en las listas de “donadores” en las campañas del Partido Revolucionario Institucional mexiquense, obtuvo un contrato por más de 7 mil millones de pesos para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México, a través del Proyecto de Prestación de Servicios. Los costos de la obra duplican los precios de las unidades médicas construidas bajo el mismo esquema en Guanajuato y Tamaulipas
El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha figurado en las listas de simpatizantes que aportan donativos en especie al Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo un contrato por más de 7 mil millones de pesos para el desarrollo del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Zumpango. El fallo a favor de su empresa –Consorcio Teya-IGSA– fue dado a conocer en la Gaceta del gobierno del Estado de México el 2 de julio de 2009.
Datos oficiales del concurso internacional 44834001-001-08 –abierto por la Secretaría de Salud estatal a cargo de Franklin Libenson Violante– indican que la obra costará al erario más del ciento por ciento de lo que se ha contratado en los PPS del Bajío y Tamaulipas, pese a que las características de atención y servicio son similares.
Un comparativo entre los contratos de los HRAE Bajío y Tamaulipas –licitados por la Secretaría de Salud federal– y las bases de la convocatoria del HRAE-Zumpango (cuya copia posee Contralínea), arroja que los costos del hospital mexiquense se incrementan en 124 por ciento de sus pares. La obra que edificará Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantú, tiene un costo de 7 mil 38 millones 250 mil pesos.
Gustavo Leal Fernández, investigador del área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, dice que los PPS en el sector salud representan un costo “altísimo” para la federación. Además, critica que los proyectos jamás han sido sometidos al escrutinio de la opinión pública ni de los especialistas.
El 9 de julio de 2007, ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presentó un plan de megaobras con 608 compromisos en materia de infraestructura, en el que, según una nota de la reportera Karla Ramírez del periódico Reforma, las adquisiciones superarán los 11 mil millones de pesos.
El mandatario destacó la inversión en dos trenes suburbanos, tres hospitales de altas especificaciones, proyectos hidráulicos, 10 universidades, y la concesión de 550 kilómetros de carreteras, todos a través de los PPS. “Queremos que vean una oportunidad de inversión en el Estado de México, donde la infraestructura sea un instrumento para el desarrollo más equilibrado, principalmente con un enfoque de combate a la pobreza”, dijo.

Costos duplicados

El desarrollo equilibrado no se aprecia en los costos que tendrán las obras. Muestra de ello, el incremento del 124 por ciento en el costo del hospital de Zumpango respecto del primer HRAE edificado en León, Guanajuato. La obra puesta en marcha por autoridades federales significó la firma de un contrato por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, vigente hasta el 24 de noviembre de 2030.
El HRAE Bajío fue otorgado un año antes de que concluyera la administración foxista a la trasnacional española Acciona –la cual enfrenta una denuncia en aquel país de organizaciones sociales, por “contribuir al desmantelamiento del sistema sanitario”–, resultado de la convocatoria 0001200-001-05.
Luego, la familia Mariscal Servitje, vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), ganó la segunda licitación de los PPS en el sector salud (Contralínea 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”). El proyecto tiene un importe de 4 mil 108 millones 622 mil 504 pesos. Equiparado con el proyecto mexiquense, éste incrementa su precio en 71 por ciento.
La Secretaría de Salud a cargo de José Ángel Córdoba Villalobos entregó a Infraestructura Hospitalaria del Noreste el contrato 00012003-009-06. La empresa de Nicolás Mariscal Servitje (también integrante del Consejo de Administración de Grupo Bimbo) será quien financie por 25 años la unidad médica de Ciudad Victoria (Contralínea 122).
Los documentos oficiales de la licitación abierta el 28 de agosto de 2008 –contenidos en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la Secretaría de la Función Pública–, exhiben que el PPS asignado a la Constructora Teya compromete la dotación de 124 camas censables para hospitalización de pacientes, 60 menos de las que implica el HRAE Bajío. Además, los 28 servicios de alta especialidad que tendrá el hospital del Estado de México apenas rebasan por una especialidad a las programadas en el Bajío.
En tanto, el PPS de Ciudad Victoria cuenta con 100 camas y 14 especialidades. Es decir que el hospital del Estado de México contará con 24 camas más para hospitalización de los enfermos y rebasará al ciento por ciento el número de especialidades.
Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del llamado “Gobierno legítimo de México”, ha criticado el esquema de contratación de los servicios de infraestructura, toda vez que los proyectos entregados a la iniciativa privada representan un gasto “excesivo”. Aduce que un hospital del mismo tipo construido por el gobierno significaría el pago de sólo 500 millones de pesos.

El proyecto

De acuerdo con el esquema de PPS, el gobierno del Estado de México deberá pagar a Constructora Teya 281 millones 530 mil pesos anuales durante 25 años. Las bases de la licitación pública internacional 44834001-001-08 indican que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en el apartado de salud y seguridad social, tiene como objetivos “garantizar la cobertura total de los servicios de salud con calidad y oportunidad suficientes y elevar la calidad de la seguridad social”.
Los documentos elaborados por la Secretaría de Salud mexiquense precisan que para ello el estado plantea como líneas de acción, entre otras, ampliar la cobertura de especialidades médicas de acuerdo con el mapa epidemiológico en cada región; establecer un programa de control que permita atender a la ciudadanía dentro de los tiempos necesarios; abatir el déficit de consultorios, camas y laboratorios de salud pública; establecer un programa de conservación, mantenimiento y renovación del equipamiento de los centros de salud; adecuar el equipo médico y de laboratorio de las unidades médicas del primero, segundo y tercer niveles de atención, así como promover nuevos mecanismos de financiamiento para equipar unidades hospitalarias generales y de especialidades.
Asimismo, una mayor inversión en infraestructura hospitalaria y clínica, en la operación de servicios y tecnología que permitan enfrentar el incremento de enfermedades más complejas y diversas.
La institución de salud a cargo de Libenson Violante apunta que el “Estado de México enfrenta la problemática de una nueva y peligrosa dinámica demográfica y epidemiológica en un marco de condiciones económicamente restrictivas. Se espera que en las próximas décadas aumente el número de adultos mayores, mientras que los menores de cinco años tenderán a disminuir, lo cual resulta en una concentración poblacional en edades intermedias y, por lo tanto, diferentes necesidades de atención medica”.
De los estudios demográficos y epidemiológicos, dice el planteamiento del proyecto, “se desprende la urgente necesidad de contar con un Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango, para prestar servicios médicos de alta especialidad a la zona nororiente del Estado, la cual está compuesta por 27 municipios agrupados en ocho jurisdicciones sanitarias: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Naucálpan, Tlalnepantla, Zumpango, Ecatepec, Teotihuacan y Jilotepec; permitiendo de manera directa beneficiar a más de 2 millones 899 mil 811 habitantes mediante la prestación de servicios especializados que atiendan la complejidad de los distintos perfiles epidemiológicos que se presentan en nuestra entidad”.
Bajo estas circunstancias, el gobierno del estado decidió desarrollar el proyecto a través del esquema PPS, pues dice “representa una oportunidad viable para contar con la participación del sector privado en la provisión de servicios de calidad. Bajo este esquema, el proyecto será financiado, diseñado, construido, equipado, operado y mantenido en lo referido a su estructura física por el proveedor.
“El esquema PPS conjuga la obligación y el interés del gobierno del Estado de México para brindar servicios médicos con altos niveles de calidad, con la capacidad económica del sector privado y su experiencia en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de apoyo con altos niveles de especialización. De esta manera, el esquema permite al estado concentrar sus esfuerzos en la tarea medular de brindar servicios médicos con calidad a más beneficiarios, optimizando recursos”.
A nivel federal, el 23 de marzo de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, y la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas, aprobaron los PPS. Los argumentos fueron: “Optimizar el gasto público federal y encausar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo que se requieren en el país y que, por razones presupuestales, el gobierno federal está impedido para efectuar directamente”.

Constructora Teya e Hinojosa Cantú

Documentos registrados ante el Instituto Federal Electoral (de los que posee copia Contralínea) muestran al empresario y dueño de Constructora Teya, Juan Armando Hinojosa Cantú, como militante del Partido Revolucionario Institucional en 2000.
En el gobierno de Arturo Montiel Rojas, el empresario aparecía en el Control de folios de recibos de aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con una dotación de recursos por 406 mil 940 pesos, depositados el 13 de julio de ese mismo año.
El 6 de noviembre de 2006, el expresidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría Sánchez, denunció en entrevista con los corresponsales Francisco Medina y Rene Dávila, del periódico Unomásuno, que desde la administración de Arturo Montiel Rojas se había prometido a un grupo de empresarios del ramo la entrega de obras en el estado. Según Chavarría Sánchez, entre los beneficiarios allegados al exgobernador se encontraba Hinojosa Cantú.
En cumplimiento a su promesa, decía el académico, Hinojosa Cantú obtuvo el contrato para la edificación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMM).
“Así, a quienes les prometió la construcción de las obras del gobierno, aceptaron elevar el costo de las mismas y que los beneficios ilícitos pasaran a la bolsa del mandatario Arturo Montiel Rojas, como el Hospital ISSEMM, localizado sobre Paseo Tollocan, en el municipio de Metepec, el cual, en su licitación pública, tuvo un costo de 193 millones de pesos, y terminó en 255 millones de pesos, de los cuales, más del 40 por ciento fueron para el mandatario estatal; el resto, a seis de las constructoras beneficiadas con dichas obras. Se dice que al final se cobraron 550 millones”, acusaba Chavarría Chávez.
De acuerdo con el portal de internet de la Constructora Teya, entre los principales proyectos que ha desarrollado en el Estado de México se encuentran: el distribuidor vial Naucalpan, vial Metepec, construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco y el Centro Médico Issemym.
Se solicitó la versión oficial a través de las unidades de Comunicación Social del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Salud mexiquense, así como entrevista con el empresario Hinojosa Cantú, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Proyecto México 2030: la venta de un país

por Nancy Flores
Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo
/ Primera parte

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.
Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Energía y agua, objetivos reiterados

Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.
El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.
Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.
Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.

Imposiciones autoritarias

La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.

Los convidados del poder
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)

“El México que queremos”, según Calderón
El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:
• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.
• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.
• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.
• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.
• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.
• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”. (NF)

Carta de AMLO a Evo Morales

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2010, p. 4

Escárcega, Campeche, 20 de febrero de 2010.

Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presente.

Respetado Presidente Evo Morales:

Mi escrito tiene el propósito de ofrecerle una sincera disculpa por no poder acompañarlo en el encuentro que tendrá con el extraordinario pueblo de la capital de nuestra República.

Como seguramente usted sabe, a raíz del fraude electoral de 2006, muchos mexicanos decidimos continuar luchando, desde abajo y con la gente, hasta lograr la transformación que necesita la vida pública de nuestro país.

Con este propósito, desde hace más de tres años, nos hemos dedicado a visitar los pueblos de México para recoger los sentimientos de la gente y no permitir que se apague la llama de la esperanza. En las actuales circunstancias, creemos que lo más importante es trabajar en la organización y concientización del pueblo para derrotar a la oligarquía de manera pacífica; instaurar una auténtica democracia y construir una República más justa, más humana y más igualitaria.

Por esta razón, en esos días me encontraré de gira en la península de Yucatán, cumpliendo compromisos contraídos con anterioridad.

Sin embargo, no puedo dejar de manifestarle mi profundo respeto por la forma en que usted ha sabido representar al noble, consciente y progresista pueblo de Bolivia; usted ha actuado con lealtad a sus convicciones y a su gente. Con su gobierno han sido tomados en cuenta, como nunca en la historia, los bolivianos más humildes, los indígenas y los desposeídos.

También es admirable la forma en que ha encabezado la defensa de los recursos naturales de su país, poniendo por delante la dignidad, el interés general y la soberanía de su patria.

Esto, en esencia, es el motivo principal de nuestra lucha, desde luego, con las características propias de nuestra historia, cultura y factores geopolíticos. Aunque, en toda nuestra América, como soñó el gran poeta de mi tierra, estamos en la aurora de los pueblos que quieren ser un solo pueblo.

Le deseo una buena estancia en nuestro país y le envío un fraternal saludo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México.

febrero 19, 2010

Audio: Carmen Aristegui 19 febrero 2010





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Audio Cortesia AMLOTV

www.amlotv.com.mx
Soberania Popular

Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV





febrero 17, 2010

Eloxochitlán, miseria y enfermedad

Autor: Mayela Sánchez / Contralinea
En el municipio más pobre de Puebla, la falta de caminos, las precarias habitaciones en las pendientes de los cerros, la economía basada en cultivos de temporal, pero sobre todo el desdén de las autoridades de los tres niveles de gobierno, mantienen a la población a merced de los embates del clima y de las enfermedades. La salud se vuelve aquí un privilegio inalcanzable para las familias serranas

Eloxochitlán, Puebla. En vísperas de navidad, una ventisca arrasó con la casa de Mauro. Le arrebató, entre otras cosas, sus documentos y los uniformes escolares de sus hijos. Lo único que el vendaval dejó a su paso fue el “piso firme” de la casa, un “apoyo” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para “un mejoramiento de la vivienda”.
Desde entonces, Mauro Cortés Salvador, su esposa y cinco de sus hijos viven hacinados en la cocina, el único sitio de la precaria construcción de madera que soportó el embate del viento. Blanca, la menor de los hijos de Mauro, se asoma tímida al interior de la habitación; sus pies descalzos entran en contacto con la húmeda tierra del piso de la cocina y muestra entonces su menudo cuerpecillo, que parece el de una niña de seis años, aunque Blanca ya tiene nueve.
Junto al fogón, Ricardo permanece de pie. A sus 16 años, el joven apenas habla; sus movimientos son lentos y torpes. “Está enfermo… de la cabeza, del cuerpo”, dice el señor Mauro en un atropellado español. En un municipio donde el 95 por ciento de los habitantes habla náhuatl, suelen faltar las palabras en castellano para expresarse. Aunque llevó a Ricardo con el médico, Mauro no puede explicar qué padecimiento aqueja a su hijo; sólo menciona que el doctor le habló de medicinas, que no ha podido comprar.
Ricardo no va a la escuela y tampoco recibe atención médica. Pasa los días en su casa, en la comunidad de Atexacapa, en medio de viejos trastos, algunas ollas y pocillos cubiertos de hollín, una vieja mesa, cuatro sillas de plástico, tablones de madera que sirven como cama y un televisor: todo el patrimonio familiar.
Hasta antes de ser arrasada por el viento, la casa de Mauro pertenecía al 84.8 por ciento de viviendas sin agua entubada del municipio, de acuerdo con el Índice de marginación 2005 desarrollado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). Dicho indicador señala también que el 23.5 por ciento de las casas en Eloxochitlán no cuenta con energía eléctrica, mientras que casi el 3 por ciento carece de drenaje y servicio sanitario.
El índice ubica a Eloxochitlán en el primer lugar de marginación de Puebla y el sitio 26 a nivel nacional, de entre más de 2 mil municipios. Además, Eloxochitlán ocupa el puesto 21 de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano en México, de acuerdo con el Informe del desarrollo de los pueblos indígenas de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sin caminos ni servicios de salud

En esta región de la Sierra Negra poblana, la espesa niebla dificulta la visibilidad. En el camino que conduce a la comunidad de Tepetzala, apenas se distingue a mujeres y hombres que avanzan cuesta arriba, sorteando piedras y charcos, abundantes en la fangosa vereda. Las jóvenes madres llevan sobre sus espaldas, envueltos en viejos rebozos, a sus hijos más pequeños. Sus caras, que a ratos reposan sobre las espaldas que los soportan, son tocadas por la llovizna incesante y el frío viento de la montaña. El lodo se cuela entre las fisuras de las desgastadas sandalias de las mujeres, que de poco sirven en un camino hostil como éste, similar a los demás que conducen a las desperdigadas comunidades de Eloxochitlán.
A pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia que no ha cesado en 15 días, Alejandra y Jaime bajaron desde Tepetzala a la cabecera municipal de Eloxochitlán para que Alejandra tramitara su credencial de elector. Con su hija María del Carmen a cuestas y soportando el dolor en sus piernas, Alejandra caminó por más de una hora hasta la presidencia municipal. Más que ejercer el voto, a la joven de 18 años le interesa tener la credencial para empadronarse en el Programa Oportunidades: hasta ahora le han negado el apoyo porque no cuenta con dicho documento.
Jaime, su esposo, no sabe cuándo podrá inscribirse al programa, pues aunque los promotores de Sedesol llegan a Eloxochitlán cada dos meses para entregar los subsidios de 400 pesos mensuales, desconoce cuándo regresarán “los ingenieros” que son los encargados de las afiliaciones. El joven de 22 años dice esperanzado que con ese dinero podrá llevar a Alejandra al hospital de Tehuacán para que le digan por qué su esposa tiene extrañas ronchas en las piernas desde hace más de un año. Jaime cuenta que cuando la llevó al centro de salud del municipio, el doctor sólo le dijo que la llevara al hospital. Como si le apenara su padecimiento, Alejandra agacha la cabeza cuando su esposo comienza a hablar de las protuberancias que invadieron sus delgadas piernas, primero como pequeñas ronchas, luego aumentaron su tamaño y se tornaron oscuras. “Está sufriendo”, dice Jaime al tiempo que señala una herida purulenta en la espinilla derecha de Alejandra.
El Centro de Salud de Eloxochitlán, ubicado en la cabecera municipal, luce vacío. En su interior sólo se alcanzan a ver decenas de cajas apiladas con la leyenda “Nutrivida”, el suplemento alimenticio que la Secretaría de Salud provee a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El espacio funciona como bodega, pues el centro de salud fue mudado a otro poblado; pero por ahora (enero de 2010) no hay nadie que atienda, pues el doctor y las enfermeras se fueron de vacaciones desde diciembre.
Eloxochitlán pertenece a la Inspección Sanitaria 10, que agrupa a una veintena de municipios, algunos de ellos catalogados por el Conapo como de los más marginados del estado. No obstante, la inspección sólo cuenta con un hospital general en Tehuacán y cinco hospitales regionales. El más cercano a Eloxochitlán se encuentra en el poblado de El Tepeyac, a dos horas de viaje en autobús desde la cabecera municipal. El doctor Paul Pérez Nolasco, jefe de guardia en dicho sanatorio, señala que ninguno de los hospitales regionales de la Sierra Negra atiende todas las especialidades médicas. Refiere, además, que cuando alguien necesita ser trasladado al hospital de El Tepeyac, los gastos corren por cuenta del paciente: si la ambulancia del hospital está disponible, se pide a los familiares del enfermo un apoyo para la gasolina.
La falta de caminos es otro de los problemas que limitan el acceso de los habitantes de la Sierra a los servicios de salud. Las comunidades de Eloxochitlán están comunicadas por rústicos caminos de terracería, que en época de lluvias pueden llegar a ser infranqueables lodazales. La carretera que conecta a Tehuacán con los municipios de la Sierra Negra no está exenta de dificultades, como las fisuras en el camino y los constantes deslaves de los cerros a causa de la lluvia.
El 5 de julio de 2007, un alud aplastó un camión de pasajeros en el poblado de Zacacoapan, perteneciente a Eloxochitlán; 60 personas murieron. Tras la tragedia, los pobladores del municipio reclamaron a las autoridades por las malas condiciones del camino. El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, dijo que no se podía responsabilizar a nadie de los hechos porque este tipo de deslaves eran comunes en la Sierra Negra, y espetó: “¿Qué acaso nosotros mandamos el agua?”, de acuerdo con la nota de Blanca Patricia Galindo, “Tragedia en sierra poblana; avalancha sepulta autobús”, publicada en el periódico El Universal el 5 de julio de 2007.

Pobreza, la única herencia

Milpas doblegadas por el viento flanquean el camino a la casa de Flavio Cortés, ubicada en la ladera de una montaña, en la localidad de Tepetzala. A fuerza de los constantes pasos, entre los arbustos se ha formado un sendero que comunica la casa de Flavio con las de su madre y su abuela, todas de madera y con techos de cartón.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 91.4 por ciento de la población económicamente activa de Eloxochitlán recibe menos de dos salarios mínimos y casi el 90 por ciento trabaja en el campo.
Flavio forma parte de esas estadísticas, pues se dedica al cultivo de maíz, pero sus precarias ganancias no son suficientes para atender las necesidades de su familia. Su cultivo, como el de todos los campesinos de la región, es de temporal, por lo que puede ocurrir que la cosecha no se dé, en cuyo caso tiene que pedir dinero prestado a sus vecinos y amigos para comprar maíz para comer. “Si no, hasta el otro día comemos”, dice el joven de 20 años, refiriéndose a su esposa y a él, pues asegura que sus hijos nunca se han quedado sin comer.
Su primogénita, Elsa Daniela, no toma leche y rara vez come carne; al igual que sus padres, se alimenta de tortillas, frijoles y café. El abultado vientre de la niña se asoma debajo de la vieja sudadera que viste y sus pies sucios de lodo tocan desnudos el frío cemento del “piso firme” de la casa.
En la cocina, Guillermina, la esposa de Flavio, se refugia cerca del fogón. Colgado en su espalda, el pequeño Hernán Joaquín tose débilmente, acaso por el humo de la leña que recién empieza a colmar el aire de la habitación, acaso por un malestar respiratorio, tan común en esta región, como señala el doctor Pérez Nolasco.
Guillermina permanece con la vista hundida en el piso de tierra de la cocina; cuando su esposo cuenta algo en un parco español, ella levanta la mirada. Su ojo derecho luce extraviado. Flavio comenta que Guillermina ya no ve bien, que sufre de náuseas, que desde pequeña le cuesta trabajo caminar. Temerosa de que el doctor solamente le recete medicinas que no podrá comprar, Guillermina prefiere resignarse.
El vendaval de diciembre pasado se llevó la letrina de la casa de Guillermina y Flavio. En el sitio donde se encontraba, sólo quedaron viejas tablas de madera desperdigadas entre las verdes matas que revisten la Sierra. Flavio se queja de que las autoridades municipales no le han querido brindar apoyo para reconstruir su letrina y lo atribuye a su filiación política con el Partido Acción Nacional en un municipio de cuño priista.
El síndico municipal de Eloxochitlán, Alberto Montalvo Cid, reconoce que el ventarrón afectó varias viviendas. Comenta que los vecinos se han acercado a la presidencia municipal para solicitar ayuda de las autoridades, “pero no contamos con recursos para que apoyemos a la gente”, dice. El funcionario se queja de que la gente exija el apoyo inmediato pues, insiste, no hay recursos. “Les vamos a dar techo, lámina de cartón…lo que se pueda”, afirma.
Pero al municipio más pobre de Puebla, apenas si llegan los recursos. El año pasado, Eloxochitlán recibió 35 millones 405 mil 105 pesos como presupuesto; de los cuales, 16 millones 638 mil correspondieron a los Fondos de Aportaciones para Infraestructura Municipal. Dicho monto equivalió al 0.53 por ciento del total, de acuerdo con la información de la Ley de Egresos de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2009.
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 señala que las 39 instancias encargadas del desarrollo social en Puebla destinan un presupuesto anual de 323 pesos por persona para la población en alta y muy alta marginación, entre los que se cuentan los 11 mil 347 habitantes de Eloxochitlán.

Emigrar, la solución

La noche cae en el poblado de Xonotipan de Juárez y algunas luces diseminadas avisan de la presencia de casas en las laderas de la montaña. La tranquilidad que impera en el ambiente es interrumpida por el barullo de los hijos y sobrinos de Martha, que juegan descalzos en medio de sombras.
Martha ha vuelto a casa de sus padres luego de pasar varios años en Tehuacán, a donde fue a trabajar a una maquiladora cuando tenía 17 años.
Al principio ganaba 500 pesos a la semana por coser pantalones de mezclilla, pero al cabo de los años, llegó a recibir hasta 1 mil pesos por su trabajo semanal. Aunque precario, reconoce que su sueldo era más alto de lo que podría haber ganado en Xonotipan. “Lo que me pagaban ahí, aquí nadie me lo podía dar”, asegura. Al igual que ella, muchos pobladores de la Sierra emigran a Tehuacán en busca de una mejor vida, que con la siembra de maíz y café en esta depauperada zona es impensable para los pequeños propietarios.
Durante su estancia en una maquiladora, Martha sufrió malos tratos de los patrones. Los gritos y las amenazas de despido a los trabajadores eran constantes, así como el férreo control que los jefes llevaban de la producción diaria que cada obrero debía cumplir, y en caso de no hacerlo, el trabajador era obligado a laborar horas extra sin goce de sueldo.
Martha recuerda que la mayoría de sus compañeras eran madres solteras, jóvenes igual que ella.
Por años, Martha no regresó a Xonotipan ni mandó dinero a sus padres, pues lo que ganaba se le iba en pagar la renta y sobrevivir en la ciudad. Cuando sus hijos nacieron, los gastos aumentaron y su salario de obrera alcanzó para menos. Aún así podía comprar leche para sus hijos, mientras que en Xonotipan apenas si puede alimentarlos con frijoles.
Ahora, Martha se dedica a cortar café en los cafetales de sus padres. Su hermana sigue en Tehuacán, en la maquila. Aquí, en medio de la Sierra, las calles de Xonotipan siguen sin pavimento; más de la mitad de las viviendas no tiene agua potable y casi ninguna cuenta con drenaje. La vuelta al campo le ha hecho ver a Martha que, en este poblado de Eloxochitlán, la vida sigue siendo difícil y que lo que da la tierra no alcanza para vivir. A pesar de la difícil experiencia que vivió en la maquiladora, cuando se le pregunta si regresaría, queda pensativa un instante y luego se ríe antes de contestar que posiblemente lo hará, pero más tarde.

SFP derrocha recursos en la OCDE y reporta magros resultados

Autor: Nydia Egremy / Contralinea
Reportes de viajes de trabajo de empleados de la Secretaría de la Función Pública a reuniones de la OCDE, en su sede francesa, revelan falta de transparencia y de rendición de cuentas. Entretanto, los servidores públicos entregan informes vacíos sobre los compromisos reales que asumen ante el llamado “club de París”

Para perfeccionarse en prácticas de honestidad y rendición de cuentas, conocer el servicio civil de carrera y combatir la corrupción, entre otros temas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comisionó entre 2004 y 2009 a varios funcionarios para participar en los diversos Comités de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como consta en la documentación que entregó la Unidad de Enlace de esa dependencia a la solicitud de información pública gubernamental de un particular. Por esa fuente se conoce que Javier González Gómez, director general de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno de la SFP, asistió a tres versiones sucesivas del Comité de Gobernanza Pública (CGP), con sede en París, Francia, financiado con generosos viáticos. De este mismo beneficio disfrutaron: Carlos Miguel Valdovinos Chávez, Carlos Fernando Álvarez Cuadra, Luis Ernesto de la Fuente Pantoja y Marcelo José Villarreal Coindreau.
El 15 de abril de 2008, Javier González Gómez abordó el vuelo 439 de Air France con destino a París, Francia, para acudir a la 37 sesión del CGP de la OCDE. El funcionario recibió viáticos por 1 mil 800 euros para cuatro días. Su gasto diario se estimó en 450 euros. A su retorno a México, comprobó 831 euros (442 por concepto de hospedaje), devolvió 969 y dejó sin comprobar 257.89 euros correspondientes al rubro de “Alimentos, propinas y taxis”, según la Relación de gastos sin comprobante no. 405.
En el informe de su comisión, González Gómez indica que “se cumplió con el programa de actividades previsto”, pues aprobó la agenda, revisó las conclusiones de la reunión anterior y discutió los avances en los temas del comité. Prestó “particular atención” al Plan de Trabajo 2009-2010, a las discusiones sobre administración y gobernanza de riesgos en el sector público, al desarrollo de políticas públicas con participación activa de la ciudadanía y a los procesos de modernización gubernamental con indicadores de desempeño gubernamental.
Seis meses antes, del 15 al 18 de octubre de 2007, González Gómez viajó –por Aeroméxico– a la 36 Sesión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. Recibió 1 mil 350 euros de viáticos para cuatro días y comprobó 840.26 euros: 211.66 euros en alimentos y 620 euros por hotel. Dejó sin comprobar 170 euros por taxis y propinas.
En su informe, explica que aprobó la Agenda del Comité, revisó las conclusiones de la 35 sesión del CGP y discutió otros avances. Como describiría meses después, “se prestó particular atención” a la presentación “Indicadores: el gobierno en un vistazo”. Participó en el Foro OCDE en Roma (10 años de la Convención Anticohecho) y en el Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Federal de Reforma Regulatoria y la OCDE. Concluye que su asistencia refrendó “el interés de la SFP para participar en tareas de medición del desempeño gubernamental para el Programa de Mejoramiento de la Gestión” de la SFP.
Año y medio antes, el 4 de abril de 2006, Javier González Gómez viajó a París en el vuelo 437 de Air France para asistir a la reunión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Para los cinco días que duró su comisión en el extranjero, la SFP le dio viáticos por 1 mil 800 euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes, con folio 450 del 12 de abril de 2006, indica que ese servidor público recibió 1 mil 350 euros, de los que comprobó 694.03 euros (135.54 euros por concepto de taxis y propinas, 436.24 euros por concepto de hotel y 92.25 euros por concepto de comidas). No comprobó 605.97 euros por concepto de “taxis y propinas”.
El informe del director general adjunto de Innovación y Buen Gobierno de la SFP indicó entonces que, como representante de México y delegado del comité, pudo “discutir y opinar sobre la integración del Programa de Trabajo 2007/2008 del CGP y proponer estrategias y líneas de acción” –no describe cuáles–. Sin explicar cómo lo logró, indica que se “aseguró la sincronía de las líneas y estrategias de la Agencia de Buen Gobierno en el programa de trabajo del comité”.
Del 16 al 20 de septiembre de 2006, meses antes de que concluyera la gestión de Vicente Fox, correspondió a Carlos Miguel Valdovinos Chávez, director general de Simplificación Regulatoria, ir a la Reunión Ordinaria del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. El aviso de comisión, con folio 46280, le dio viáticos por 2 mil euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes describe que el funcionario recibió 1 mil 500 euros. Al término de su comisión, comprobó 831.40 euros, de los que 600.70 correspondieron a gastos de hotel. No comprobó 103.50 euros por concepto de “taxis y propinas”, y devolvió 565.10 euros.
En su informe, Valdovinos detalla su reunión con el embajador de México ante la OCDE y las reuniones del Comité de Trabajo sobre Administración Regulatoria y Reforma, donde revisó los documentos de estudio de Corea del Sur y de Suecia, países que “han logrado importantes avances en la mejora regulatoria hacia la ciudadanía”.
Un primer documento que rastrea el vínculo entre la OCDE y la SFP en los gobiernos de la alternancia política, es el Aviso de comisión, con fecha 24 de marzo de 2003, y que pareciera un error tipográfico ya que describe la comisión para Carlos Miguel Valdovinos Chávez, del 10 al 26 de abril de 2004, para asistir a reuniones de la OCDE en Alemania y Francia con el fin de “fortalecer la implementación de una nueva gestión pública en México”.
El largo periplo del funcionario fue por Lufthansa, vía México-Frankfurt, Frankfurt-París, París-Colonia, Munich-Frankfurt, y de ahí, su retorno a México. Valdovinos recibió 4 mil dólares por viáticos, de los que comprobó 1 mil 252.50 dólares (entre ellos, 905.45 dólares de hotel y 300.85 dólares por comidas) y dejó sin comprobar 1 mil 216.41 dólares, que comprenden 633 dólares por “taxis, internet, comidas, lavandería y propinas”. De los otros 1 mil 531 dólares no informó nada.
Su informe de misión describe que asistió a la aprobación del mandato del Comité 2005 y al programa de trabajo 2005-2006 del Comité. Detalla Valdovinos que su participación consistió en “felicitar los trabajos que se han llevado a cabo a la luz del CGP; agradecer el apoyo y asesoría que hemos recibido en México por parte de la OCDE en nuestro proceso de modernización del gobierno”. No escatima en señalar que a través de ese organismo se han obtenido mejores prácticas de buen gobierno, que “han sido inspiración fundamental” para poner en marcha puntos fuertes en la Agenda de Buen Gobierno de México.
El director general de Simplificación Regulatoria de la SFP describe sus actividades de cabildeo (lobby): Odille Sallar, la entonces directora del PGC de OCDE, “me expresó su agradecimiento por los comentarios sobre el apoyo de la OCDE”, ya que pocas veces se escuchan en reuniones de ese tipo, acerca del desempeño y “los beneficios que recibimos con el apoyo de organización”. Entre otros, se reunió con Christian Vergez, jefe de la División de Gobernanza y Rol del Estado de OCDE; con Stephan Jacobsone, director de Administración Regulatoria; Peter Ladergaard, administrador del Programa Mejora Regulatoria.
Finalmente, el informe dice que México es uno de los 10 países con mayor participación en las actividades de la OCDE; sin embargo, “es uno de los que menos representatividad tiene”. Propone “incorporar a la Embajada para asuntos ante la OCDE” (en realidad, Delegación Permanente de México ante la OCDE en París) los sistemas de información presidencial, para que se informen del avance de la Agenda de Buen Gobierno.

2004, el año de los viajes

Carlos Fernando Álvarez Cuadra, director adjunto de Estructuras (y actual director de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía), viajó a Roma, Italia, del 1 al 14 de octubre de 2004, para “identificar mejores prácticas en servicios civiles europeos”. Lo hizo por la aerolínea KLM vía Amsterdam-Londres-Roma Ámsterdam-México y en tres tramos terrestres por autobús que lo condujeron de Londres a París, de ahí a Bruselas, y de esa ciudad a la capital italiana.
Entonces, el funcionario recibió 5 mil 850 dólares como viáticos. Según el documento de finiquito del 2 de diciembre de ese año, reintegró pasajes por 364.57 euros. Su informe de misión (en el que aparece Sandra Zuluaga, directora general de Análisis de Estructuras y Profesionalización, como parte de ese recorrido) detalla que conoció cómo funcionan los sistemas de Servicio Civil en países “que han recorrido largo trayecto, como Francia, Bélgica y Roma.
Explica que la Oficina del Servicio Civil del Gabinete del Reino Unido posee el más consolidado y reconocido Servicio Civil de Carrera, por lo que “es importante fortalecer los lazos de comunicación y cooperación”. De su estancia en el Ministerio de la Función Pública de Francia, describe que debe analizar “a detalle la información proporcionada”, igualmente con el resultado de su asistencia al Departamento de la Función Pública de Italia.
Sandra Consuelo Zuluaga Rodríguez hizo la misma ruta que Álvarez Cuadra. Recibió viáticos por 6 mil 500 dólares, de los que reintegró 302.93 euros por pasajes, como consta en el documento del 16 de noviembre de 2004.
A ese viaje se sumó Marcelo José Villarreal Coindreau, director general adjunto de Análisis de Estructuras y Profesionalización de la SFP, aunque con dos días menos de duración. Su misión era asistir a la reunión de Recursos Humanos de la OCDE; recibió viáticos por 4 mil 950 dólares. Villarreal Coindreau entregó factura de hotel y comprobantes por 2 mil 356.91 euros y reintegró 227.23 euros por concepto de pasajes. Del resto no se transparentó el destino.
Además de participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de la OCDE, asistió a reuniones de “conocimiento y profundización” en las prácticas de servicio civil en Gran Bretaña, Francia e Italia (en el Formez, Escuela Superior de la Administración Pública). Su informe cita que “se explorará la posibilidad de celebrar algún convenio o acuerdo marco” con el Formez. También dice de su contacto con el doctor Salvatore Squillace para profundizar en su sistema de familias de profesiones para el servicio civil.
El 1 de octubre de 2004, Luis Ernesto de la Fuente Pantoja viajó a París, Francia, en una comisión de nueve días; asistió al grupo de Trabajo en Administración de Recursos Humanos de la OCDE. Recibió 4 mil dólares por viáticos, comprobó 2 mil 228.49 euros y devolvió 171.51 euros. El informe de su misión refiere que se reunió con directivos de la Función Pública Territorial de la Escuela de Administración del Ministerio de la Función Pública del Estado francés.
En ese mismo periodo, Fernando Zepeda Herrera, asesor del subsecretario de la SFP, viajó a la capital de Francia para asistir a la misma reunión de la OCDE; recibió 4 mil dólares de viáticos. Al término de su misión, devolvió 669.88 euros y comprobó gastos por 1 mil 730.12 euros más. Su informe de comisión, de un párrafo, es idéntico al de Luis Ernesto de la Fuente Pantoja.

Corrupción endémica

El documento Corrupción en el sector público; una fuente internacional de medidas de prevención (1999), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), percibe a la corrupción como una “amenaza a instituciones públicas democráticas, que permiten la influencia de intereses impropios en el uso de recursos públicos y del poder, minando la confianza de los ciudadanos en las actividades legítimas del Estado”, pues fomenta ineficiencia y desvía recursos de su destino institucional.
México, miembro de la OCDE desde 1994, emitió el 11 de octubre de 2007 un informe en el que describe el seguimiento a la Fase 2 de las 22 recomendaciones que le hizo el grupo de trabajo sobre corrupción de ese organismo. Ahí describe que 10 de ellas fueron “totalmente implementadas” en la plenaria de octubre de 2006. De las 12 pendientes, siete fueron parcialmente puestas en marcha, mientras que no se consideró aplicar el resto de ellas. Las primeras proponen una amplia campaña de difusión sobre el tema y la obligación de empresas mexicanas que invierten en el exterior a no realizar sobornos. Para garantizar ese compromiso, señaló a las embajadas y al Banco de México como los conductos oficiales por los que la institución bancaria desarrolló programas para las instituciones y agencias gubernamentales relacionadas con empresas que realizan negocios en el exterior.
En su evaluación de noviembre pasado, Transparencia Internacional dijo que percibe a México como un país corrupto en el que son frecuentes los sobornos que pagan las empresas nacionales cuando operan en el extranjero; una modalidad sólo es superada por algunas firmas rusas y chinas. Otra forma común de corrupción es el uso de relaciones familiares o personales, seguido del soborno a funcionarios de niveles inferiores para “acelerar las cosas”, así como a políticos de alto nivel y partidos políticos.
El informe Seguimiento de México a la implementación de las recomendaciones específicas de la Fase 2, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), indicaba a la OCDE que hizo una presentación ante el Comité de Ética del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas sobre el rol del sector empresarial contra la corrupción (del 26 al 29 de junio de 2007). Emitido por el grupo de trabajo sobre corrupción, el informe no incluyó, en su respuesta a la SFP, la solicitud de información pública de Humberto Hernández Haddad, abogado y exdiplomático.
Además de los acuerdos que México mantiene en el seno del llamado “club de París”, ha ratificado tres convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (NE)

Los secretos de la SFP

La constante presencia de altos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en los trabajos de los comités de la OCDE para adquirir conocimientos e intercambiar información en materia de gobernanza, servicio civil de carrera, rendición de cuentas, recursos humanos y transparencia resulta incompatible con la clasificación de un gran número de archivos de esa dependencia que contienen información sobre esas temáticas. Apenas el 26 de febrero de 2009 fueron clasificados 127 expedientes de la Unidad de Auditoría Gubernamental que contienen información sobre el control y auditorías de actividades públicas, como el 010/09 S, que será accesible en dos años. Según esa unidad, son 906 los documentos inaccesibles bajo ese rubro temático.
A su vez, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la SFP tiene dos archivos reservados: el PMG2008, que contiene información relativa a temas de desarrollo administrativo y programas de mejora de la gestión, clasificado por tres años desde el 1 de agosto de 2008; el TMI-002, que estará disponible hasta agosto de 2011.
Por su parte, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional clasificó 41 expedientes desde 2004 y el plazo de reserva ya venció. La información que contienen es referente a “promover la celebración de instrumentos de coordinación en materia de combate a la corrupción”. Entre los títulos de esos expedientes se encuentran: propuesta de convenio marco de colaboración SFP- proyecto de la cultura de la legalidad; propuesta de convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; propuesta de trabajo de la Comisión de Cultura de la Legalidad, y la propuesta del primer Premio Nacional de Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, clasificado el 21 de abril de 2008 y liberado en fecha desconocida.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal clasificó 25 expedientes desde 2006; entre ellos, 16 con evaluaciones del servicio profesional de carrera, que podrán conocerse hasta 2010, como el titulado: DGAEDP/LBCENEVAL 2004/BRHE2006/001. El expediente “Secretaría de la Función Pública” se clasificó por cuatro años y estará disponible hasta 2011, y el DGSPC/HE/0001/SFP/2009, que se desclasificará hasta el 16 de abril de 2014. (NE)